De rodillas, Carlos Quispe Quispe imploraba que dejaran de golpearlo. La turba había destruido todo a su alrededor; no iba cesar el impiadoso castigo. La FM 90.7, Radio Municipal de Pucarani, quedó hecha trizas. “¡Esta es la boca que habla!” Lo había identificado de ese modo, a los gritos, el presidente del Comité de Vigilancia de ese municipio, Julio Quisberth Quispe, tras una estampida que pateó la puerta, hizo trizas los equipos (la mezcladora de sonido, la computadora de control de emisión y la cabina de locución y operación) y comenzó a azotarlo con palos y chicotes hasta que intervino la policía, según sus familiares y el asesor jurídico municipal, Samuel Lima.

En otras oficinas de la Municipalidad, en cuya planta baja funciona la emisora, el caos era similar. Quispe Quispe sólo atinó a cubrirse la cabeza con las manos. Lo creyeron muerto. Salió por sus propios medios, sin embargo. Lo llevaron al centro de salud local. De allí tomó el autobús hacia El Alto, cerca de La Paz, capital de Bolivia, a unos 50 kilómetros de Pucarani. Ese mismo día, el jueves 27 de marzo de 2008, debió ir a un centro médico privado en compañía de uno de sus hermanos. El ataque había sido a las 13.30. Lo revisaron, pero omitieron practicarle una tomografía computada por ausencia del profesional a cargo de esa área.

Al día siguiente, viernes, un médico de la Fiscalía advirtió heridas, equimosis (manchas moradas) y laceraciones en su cuerpo. Su cuerpo sin vida ingresó el sábado en el Hospital de Clínicas, de La Paz. Había muerto por traumatismo encéfalo craneal, según determinó el médico forense. Había muerto, en realidad, por la brutal golpiza que le habían propinado dos días antes en la radio, su lugar de trabajo. Era periodista. Pagó con su vida la protesta de unas 300 personas movilizadas por el Comité de Vigilancia (órgano de control social), contra el alcalde de Pucarani, Alejandro Mamani Quispe, elegido en diciembre de 2005 en coincidencia con el presidente Evo Morales.

Como el alcalde Mamani Quispe no estaba en la Municipalidad, dos grupos de campesinos provenientes de áreas rurales cercanas que habían descendido de camiones en la plaza principal embistieron contra todo lo que encontraron. Derribaron el portón de la Municipalidad, rompieron cuanto pudieron y se llevaron computadoras que debían ser entregadas a la comunidad.

En un primer momento, Quispe Quisberth, el principal imputado, eludió la notificación para presentarse a declarar ante el Juzgado Primero en lo Penal de El Alto. Lo vieron en Chijasivi, la comunidad en la que vive, a dos horas de Pucarani; negó a sus allegados que tuviera vínculo alguno con la represalia que provocó la muerte de Quispe Quispe. Luego desapareció, según Reporteros sin Fronteras. La policía dejó la citación judicial pegada en la puerta de su casa.

Los otros acusados, Efraín Ticonipa, dirigente del Comité de Vigilancia, y los concejales Edwin Huambo Espinoza, Nicolaza Cruz, Rufina Serna y Basilio Poma, alegaron “temor por sus vidas” y, por ello, se imitaron a firmar declaraciones juradas fuera del municipio.

El proceso, radicado en Pucarani, refiere el asalto del edificio, la destrucción de la emisora y el robo de equipos. La ciudad, típica población del altiplano boliviano enclavada a 3880 metros sobre el nivel del mar de escasa población distribuida en 13 cantones y 87 comunidades, no tiene juzgado. Tradicionalmente, los casos judiciales eran derivados a Achacachi, cerca del lago Titicaca, pero, como la querella amplió la causa con el delito de homicidio, quedó radicada finalmente en El Alto.

“Este caso muestra negligencia de las autoridades y de los operadores de justicia en Bolivia pero también falta de solidaridad y sensibilidad de los periodistas que cubren el área de seguridad y de los dirigentes de los gremios sindicales y profesionales del periodismo –dijo Edgar Ramos Andrade, periodista, comunicador e investigador social–. Hace falta una acción conjunta nacional e internacional si se quiere esclarecerlo.”

Problemas de jurisdicción

El caso quedó dividido en dos: la toma del edificio municipal por delitos de robo agravado, entre otros, y el homicidio de Quispe Quispe. Por la primera causa hubo dos detenidos, pero quedaron en libertad con recursos de hábeas corpus. El segundo aspecto, más importante e irritante por tratarse de la muerte de una persona, se demoró debido a “problemas de jurisdicción”; el crimen, ocurrido en Pucarani, debía ser tratado en El Alto y ha sido derivado a Achacachi.

Dos días después de la muerte de Quispe Quispe, Gregorio Blanco Tórrez, fiscal de materia adscrito ante la División de Homicidios Personas y Liquidaciones de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc), de El Alto, con el visto bueno del fiscal de distrito de La Paz, Jimmy Pareja Bonifaz, hizo conocer al juez de turno en lo penal el comienzo de las investigaciones por el presunto homicidio “en el caso de investigación policial 691/08 (muerte de Carlos Quispe Quispe)”.

El denunciante de oficio pasó a ser la Fiscalía. Quispe Quispe, nacido en La Paz el 9 de julio de 1976, tenía 31 años. Provenía de una típica familia migrante de clase baja y origen aymara que residía en la periferia de la capital boliviana. Su familia estaba compuesta por el padre, Alberto Antonio Quispe Quispe, mecánico de coches, y dos hermanos Jaime, también mecánico, y Juan, arquitecto. En su humilde casa de adobe (barro), sobre la pendiente montañosa, residían tres familias; eran todos parientes cercanos.

A pesar de la golpiza que había recibido, Quispe Quispe retornó a Pucarani el mismo día del ataque, después de ser revisado por los médicos Lisseth Ibarra Barrientos y Ernesto Coaquira en el hospital Kolping. Quedó pendiente, para el día siguiente, la tomografía. Esa noche estuvo en contacto con el subalcalde de la comunidad de Koana, Esteban Mamani. Comprobó que los equipos de la radio habían sido destrozados.

Por solicitud de la fiscal Mery Cano Serrano, Quispe Quispe fue revisado por el médico forense Rubén Soliz Pacheco, coordinador científico del área de Medicina Forense del Instituto de Investigaciones Forenses de la Paz, con estos resultados, inscriptos en el registro número 3330:
• Antecedente: agresión en fecha jueves 27 de marzo de 2008.
• Una herida contusa de aproximadamente 3 centímetros de longitud cubierta por apósito a nivel de cuero cabelludo región parietal izquierda.
• Herida contusa suturada de aproximadamente 1,5 centímetros a nivel de región superciliar derecha.
• Escoriaciones ungueales a nivel de región temporal izquierda región geniana derecha cara externa de labio superior y cara lateral izquierda de cuello.
• Escoriación de aproximadamente 3 centímetros de longitud en la región labiomentoniana.
• Equimosis lineales a nivel del dorso de la mano derecha.
• Laceración superficial pierna derecha, dolor de tórax, anterior, probablemente a consecuencia de neuropatía postraumática.
• Equimosis en párpado superior derecho.
• Diagnóstico: Se prescriben 12 días de impedimento, salvo complicaciones, recomendándose valoración por neurología.

A las 23.05 del sábado 29, un día después de la revisión médica, el cuerpo sin vida de Quispe Quispe ingresó en el Hospital de Clínicas de la ciudad de La Paz, según certificó el médico de turno, Dennis Silva Guzmán. Había muerto a causa de un “traumatismo encéfalo craneal cerrado”, como consta en el certificado de defunción, expedido por el Registro Civil de la Corte Nacional Electoral, certificado número 0089523, firmado por el médico forense Raúl Caballero, matrícula profesional C-282. Lo enterraron en la Vía 30, Cuartel 91, Fila 2, Frente B, del Cementerio General de La Paz, con el número de identificación 186427.

Seis meses, cinco fiscales

La policía asignó las investigaciones al suboficial Teodosio Apaza Terrazas y al sargento Esteban Churqui. Pasados varios meses de la tragedia, Reporteros sin Fronteras constató que no existía imputación oficial del fiscal Blanco Tórrez, partidario de declinar en la asistencia del caso “en razón de territorio”. Esto significa que, por ser de El Alto, creyó más conveniente que fuera tratado en Pucarani. El plazo previsto por la ley para su presentación, de 90 días, venció en junio. En seis meses, el caso pasó por cinco fiscales.

En Pucarani funciona el Juzgado de Instrucción y una Fiscalía. En noviembre de 2007, tras un proceso judicial por disputas entre autoridades municipales, la jueza Carmen Castro resultó agredida y tuvo que irse del municipio. La comunidad, al parecer, estaba disconforme con ella por un fallo a favor de una compañía de piedra caliza. Desde ese momento, según el periodista Ramos Andrade, “no existen garantías para el ejercicio de un fiscal en la zona”.

Entre abril y mayo de 2008, el fiscal asignado a Pucarani, Daniel Guarachi Calle, fue reemplazado por Arturo Rodríguez, quien, a su vez, fue reemplazado por Carlos Fiorilo Cruz, radicado en El Alto. Atiende casos en todas las áreas jurisdiccionales, pero no tiene garantías para trabajar en Pucarani.

En ese municipio funcionan tres emisoras: Radio Chaka AM 1480 (Propiedad de la Iglesia Católica, pertenece a la red Erbol), Radio Comunitaria Ayni Corapata. 1330 AM (ubicada en el área rural de Corapata) y Radio Comunitaria Tutuka. 1330 AM (ubicada en el área rural de Tutuka). La FM 90.7 fue fundada el 1° de noviembre de 2007. Desde entonces, Quispe Quispe era el coordinador y el alcalde Mamani Quispe, el director. Dejó de transmitir el día del ataque, el 27 de marzo, y reanudó su tarea el 30 de junio. Sus únicos aportes económicos provienen de la Municipalidad.

Quispe Quispe era estudiante del quinto año de la carrera de ciencias de la comunicación en la Facultad de Ciencias sociales de la Universidad Mayor de San Andrés, de La Paz. Había sido contratado como practicante mientras cursaba sus estudios y, como tal, no estaba afiliado a ningún gremio o sindicato. Escasa repercusión tuvo su caso entre los gremios y los sindicatos bolivianos.

Nadie sabe nada


Las diligencias del fiscal Guarachi Calle comenzaron el 31 de marzo, cuatro días después del ataque, pero, por los sucesivos cambios de fiscales y demás “complicaciones”, la imputación formal se demoró hasta el 4 de julio. Entonces, los concejales Edwin Huampu Espinoza, Basilio Poma Poma, Rufina Zerna Flores y Nicolasa Cruz Quispe y el vicepresidente del Comité de Vigilancia de Pucarani, Efraín Bonifacio Ticonipa Quispe, resultaron acusados de los delitos de atentado contra la seguridad de los servicios públicos, daño calificado, instigación pública a delinquir y concurso real.

El fiscal Fiorilo solicitó que, “por la complejidad de la investigación y los daños materiales causados en una institución pública, la Radio Municipal de Pucarani, y su antena principal de comunicación y otros, es necesario que los imputados presten una fianza económica para comprometer su asistencia al proceso de investigación hasta el esclarecimiento de la verdad histórica de los hechos”.
Aportó como pruebas:
• El informe técnico de registro del lugar del hecho, de fecha 28 de marzo de 2008, elaborado por el suboficial de la policía Donato Tantani.
• La transcripción de la cinta magnética del acto procesal del 28 de marzo y fotografías de los destrozos en la sede de la Municipalidad, tomadas ese mismo día.
• El informe policial del 2 de abril de 2008, elaborado por el suboficial Tantani.
• El acta de inventario de los bienes de la Municipalidad, hecha el 28 de marzo por el escribano Eulogio Oblitas Segurondo.
• La declaración del alcalde de Pucarani, Mamani Quispe, como querellante, tomada el 14 de abril, en la que ratifica la querella presentada por escrito el 31 de marzo.
• La declaración del presidente del Concejo Municipal de Pucarani, José Guillermo Castillo Salcedo, como querellante, tomada el 14 de abril, en la que también ratifica la querella presentada el 31 de marzo.
• Declaraciones de seis testigos.

Los cinco indagados coincidieron en que fueron convocados para una sesión del Concejo Municipal de Pucarani y que desconocían quién convocó a las 300 personas que se concentraron en Pucarani el jueves 27 de marzo y quien financió su arribo en camiones. El plazo para la investigación judicial, más allá de las detenciones y de los hábeas corpus concedidos por la jueza Prado Saavedra, vence en abril de 2009.

El abogado de la familia del periodista Quispe, Jorge Borda Arroyo, también representante de la Municipalidad de Pucarani, dijo que “hace lo que puede”, pero admitió que padece “soledad y falta de acompañamiento” para dar celeridad a los procesos.

En los hechos, el caso Quispe Quispe todavía no ha sido tratado en su real magnitud.