GUSTAVO RUIZ CANTILLO, Colombia

Era un hijo de Pivijay, un pueblo del departamento colombiano de Magdalena, en la costa norte del país, cuya capital es Santa Marta, donde se guarda parte esencial de la historia de Colombia, sobre todo la de las distintas violencias que la han azotado: conflicto bananero en 1928; fatales disputas por la bonanza de la marihuana, años 70; y la presencia desde los 80 hasta hoy de grupos paramilitares y de guerrilla, que tratan a sangre y fuego lograr el control del territorio y la administración política local.

Ahí nació Gustavo Ruiz Cantillo, se crió, fue al colegio, aprendió la realidad del entorno y aprendió a ser periodista radial, función que ejerció durante 10 años. Conocedor absoluto de su comunidad, adoptó una característica que le dio audiencia y a la vez  riesgos: ser creíble, hablando siempre con la verdad. Y además en sus últimos tres años, denunciar, previa investigación propia o usando a la policía como fuente, a grupos armados que estaban creando incertidumbre --y muerte-- en la población. 

Sabía muy bien que Pivijay estaba controlado por los paramilitares, que había corrupción, asaltos y robos, que no le pagaban a los maestros, que alzaban a su voluntad las tarifas de un deficiente servicio de  electricidad. El periodista mantenía su gran audiencia llamando la atención sobre todos los hechos irregulares en la región. Valiente y decidido defensor de la libertad de expresión, pese al triste récord del Magdalena, donde 12 periodistas habían sido asesinados en la última década.

Pero Ruiz Cantillo no tomó los resguardos necesarios pese a que  mediodía tres desconocidos lo habían interceptado en una calle de Pivijay, amenazándolo al decirle "no seas bocón. Te puede ir mal". Lo comentó solo con un cuñado pidiéndole reserva para no alarmar a la familia. Él dedujo de inmediato que se referían a sus denuncias radiales relacionadas con el incremento de asaltos y asesinatos en el área rural y el accionar de escuadrones armados al margen de la ley.

Un mes después, Ruiz pasó a ser el siguiente periodista en caer baleado. A las cinco de la tarde del 15 de noviembre del 2000, cruzaba la plaza del mercado del pueblo, sin captar que dos hombres le seguían muy de cerca. Uno de ellos le disparó por detrás a la cabeza.

Cuando la SIP llegó a averiguar por el proceso investigativo, el expediente estaba tirado en el piso de la Fiscalía Especializada de Santa Marta y la autoridad argumentó que "vencieron los plazos sin que fuera posible identificar a los partícipes del hecho". A instancias de la SIP, en febrero de 2006 el caso fue trasladado a la Unidad de Derechos Humanos en Bogotá, la que reactivó el proceso y cuya Fiscalía pidió la vinculación y captura de varios implicados, entre ellos un jefe paramilitar extraditado a Estados Unidos, solicitando al Juzgado Penal de Santa Marta dictar la sentencia respectiva. 

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